En los últimos años las críticas al abuso de teléfonos móviles abundan. Todos conocemos personas que no se desprenden de ellos o que andan candorosamente distraídos por los mismos. Pero además de lo conspicuo, ya se sabe que su uso excesivo reduce la productividad, aumenta el estrés y perjudica las relaciones sociales.

Con todo, el asunto es más apremiante en los adolescentes y jóvenes. Los datos son abrumadores: alrededor del 2012 se comenzaron a producir teléfonos celulares con internet rápido y cámaras de alta resolución, a la vez que se lanzaban redes sociales como Instagram. Casi de inmediato los índices de aislamiento social, falta de concentración y atención, disminución de la actividad física, trastornos del sueño, y en general, ansiedad y la depresión se dispararon entre los adolescentes. Y desde entonces no han disminuido.

Esto no es accidental. Documentales como el Dilema Social y teóricos como Jaron Lanier, han popularizado hace tiempo cómo funciona este mecanismo. Por ellos sabemos que las compañías que operan las redes sociales utilizan algoritmos que procuran bucles de satisfacción inmediata en sus usuarios, los que gatillan constantemente para mantenerlos conectados el mayor tiempo posible, para a través de esto obtener información personal que usan con fines lucrativos. Peor todavía, la información que las redes sociales amplifican, favorece contenidos, información, posiciones y emociones negativas, provocando la polarización y el conflicto social. Y si esto suena a teoría de conspiración, no lo es más, denuncias de extrabajadores de Meta (propietaria de Facebook, Whatsapp e Instagram) han confirmado estos mecanismos y notificado que continúan.

¿Qué hacer? Legislaciones para imponer edades mínimas y consentimiento de los progenitores, asegurar la protección de datos e imponer bloqueos a contenidos perjudiciales, se discuten en varios países y en algunos ya se aplican. Pero ya sea por la habilidad de los usuarios para eludirlas o la naturaleza de las redes mismas -que han demostrado ser poderosos lobbies políticos también-, estas barreras terminan siendo permeables y lentas. Lo que aumenta la desconfianza en las entidades supervisoras y los gobiernos.

Más operativamente, los especialistas sugieren la instrucción de los jóvenes ciudadanía digital responsable, ej. concienciándoles en la seguridad en línea, protección de la privacidad o prevención del ciberacoso. Pero otros van más allá, como el psicólogo social Jonathan Haidt, quien insta a los progenitores a asumir directamente la educación digital de sus hijos e hijas, a través de medidas como: establecer edades mínimas para poseer un teléfono y registrarse en redes sociales, definir límites de tiempo frente a la pantalla, acordar reglas sobre cuándo y cómo utilizar los teléfonos, y formar redes comunitarias de padres y madres para velar por el cumplimiento de todo aquello.

Algunos cínicos verán lo arriba enumerado con escepticismo, preguntándose: ¿es posible esto en el 2024?

Al caso, en el 2019, el gobierno chino -partido único, está de más comentar-, respondiendo a la emergencia en la salud mental de su jóvenes (80% de adolescentes se consideraban gamers y comenzaron a proliferar las clínicas para tratar ciberadictos), impuso registros obligatorios a los jugadores, límites de tiempo de juego, suspensión del servicio por las noches y exhortaciones para llevar a cabo actividades al aire libre. Medida también extraordinaria porque perjudicó directamente a compañías chinas como Tencent y NetEase, que co-lideraban la producción de juegos en línea a escala global. Algo así como que el gobierno norteamericano le sacara dinero del bolsillo a Apple…

Al parecer está claro lo que hay que hacer. Cargar contra las autoridades, entes rectores, escuelas, educadores y progenitores es a estas alturas, grosera e ineluctablemente, escupir al cielo.